Ley de patrimonio y las universidades regionales

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Columna del Dr. Sergio González Miranda, Premio Nacional de Historia 2014, diario La Estrella de Iquique, edición 07 de mayo de 2020.

La semana recién pasada el rector Patricio Sanhueza, presidente de la Agrupación de Universidades Regionales AUR, que agrupa a 22 universidades, estatales y privadas con fines públicos, a lo largo de todo el país, hizo una presentación ante la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, respecto de la Indicación Sustitutiva al Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural que se encuentra en el Congreso desde junio de 2019.

La voz de las universidades regionales apuntó a un asunto trascendental: asegurar una efectiva descentralización en la toma de decisiones respecto de la defensa y protección del patrimonio nacional ubicado en regiones. El total de monumentos nacionales, que incluye bienes muebles e inmuebles, santuarios de la naturaleza y zonas típicas, es de 1.733, de los cuales la región metropolitana reúne el 32,7%, mientras el 67,3% restante se encuentra en regiones. Adicionalmente, todos los sitios que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco están ubicados en Chiloé, Rapa Nui, Valparaíso, Sewel y Tarapacá. Ninguno en la región metropolitana. Es muy probable que se sume próximamente en esa categoría “Las Momias Chinchorro” de la región de Arica Parinacota, producto de una consistente gestión de la universidad de Tarapacá.

Sin embargo, la indicación sustitutiva mencionada propone la conformación de un Consejo del Patrimonio a nivel central que no incluye la participación explícita de especialistas provenientes de las universidades regionales, pero asegura un espacio para la universidad de Chile, donde -efectivamente- se hallan destacados especialistas, pero en las universidades regionales también se encuentran y, además, lo hacen en relación directa con el territorio.

Es imprescindible una ley del patrimonio que reemplace a la existente que data de 1970, para incluir los requerimientos propios del siglo XXI, pero sin una verdadera descentralización solo repetiremos un modelo de gestión patrimonial centralista que se inició en 1925.

“Es imprescindible una ley del patrimonio que reemplace a la existente que data de 1970”.

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