Durante la tarde del jueves, se llevó a cabo el coloquio “Propuesta Constitucional 2023: Análisis y Discusión Universitaria” en la Sala de Eventos de la Facultad de Administración y Economía. En esta oportunidad el conversatorio fue organizado por la Facultad de Derecho y estuvo a cargo del Dr. Cristian Pradenas.
La actividad contó con la asistencia del Dr. Juan Barraza, director (s) de la Escuela de Derecho UTA; Paula Herraz, Jefa de Carrera de Derecho; Cristián Pinto, director de la Escuela de Psicología y Filosofía, y estudiantes del Centro de Alumnos de Derecho.
En calidad de exconsejeros constitucionales, estuvieron presentes: Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional; Diego Vargas, estudiante de Derecho UTA, y Antonio Barchiesi, expresidente de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos.
En cuanto a autoridades regionales y actores de la ciudadanía participaron Juan Pablo Leone, contralor de la Región de Arica y Parinacota; José Durana, senador; Iván Paredes, consejero regional; Domingo Montalvo; subdirector médico de la Clínica San José; Zibel Núñez, representante del senador José Miguel Insulza; directivos de la coordinadora comunal Puerta Norte, e integrantes de la Asociación de Adultos Mayores perteneciente a la Unión Comunal Arica 1 y del Consejo Nacional de Taxis Colectivos para Arica.
El profesor Juan Barraza, como director subrogante, hizo énfasis en la relevancia de generar espacios reflexivos en torno a la Propuesta Constitucional.
“Es tremendamente importante esta actividad, toda vez que cumple con un deber ciudadano, y es la carrera del Derecho, a través de su facultad, la que tiene la obligación social de poder instruir e informar a la comunidad acerca del proceso de decisión que viene ahora, en relación con el proyecto que ya está siendo puesto en conocimiento de todos los ciudadanos para la decisión final: si se aprueba o no. Entonces, el lugar natural de cualquier sociedad civil siempre serán las escuelas y facultades de derecho, específicamente. Y, por cierto, la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá no se puede restar de esta obligación”, afirmó el académico.
En primera instancia, la reunión contó con una exposición del Dr. Pradenas para contextualizar sobre las diferentes etapas que ha tenido el Proceso Constitucional actual hasta hoy. Además, compartió algunas reflexiones sobre el derecho a opinar que tenemos como ciudadanos y ciudadanas.
“Hay algo que todos tenemos que ser: virtuosos, y la virtud es buscar el bien común, es buscar la justicia, ¿cierto? Es enfrentarse a la mentira, es enfrentarse a la injusticia. Por eso, hoy estamos en este proceso. Hay injusticias en Chile, es real. ¿Cómo las enfrentamos, cómo las luchamos, cómo mejoramos, cómo salimos de esos problemas que tenemos hoy en día?”, reflexionó Pradenas durante su exposición.
Posteriormente, se dio inicio a la etapa del conversatorio en el cual las diferentes autoridades regionales, ex constituyentes, la ciudadanía y estudiantes compartieron su visión sobre el actual proceso.
Beatriz Hevia, abogada y expresidenta del Consejo Constitucional, tomó la palabra para informar algunos detalles sobre la propuesta y citó el artículo 109.
“El Estado servirá a las personas y a la sociedad (…) La Administración del Estado está al servicio de las personas y de la sociedad. Tendrá por objeto promover el bien común, satisfaciendo las necesidades públicas de acuerdo con la Constitución y la ley. Asimismo, promoverá o garantizará, en su caso, la prestación de servicios públicos de forma continua, oportuna, permanente, velando en todo momento por la calidad del servicio. Así que, qué gusto coincidir en la importancia de la servicialidad del Estado”, expresó durante la actividad.
Votar informados e informadas
Diego Vargas, exconsejero constitucional y estudiante de la carrera de derecho UTA, se refirió a la responsabilidad que tienen las facultades de derecho de acercar el texto a la ciudadanía, en especial debido al lenguaje jurídico que lo caracteriza.
“Los abogados tienen la particularidad, a diferencia de todas las otras profesiones que existen, que su título no lo da la universidad, sino la Corte Suprema, lo da el Estado. ¿Por qué?, porque el abogado, a diferencia de todas las otras profesiones, es un servidor público. El nombre del Estado representa a una persona en juicio. Es por esto que, la función de los abogados es cumplir ese deber público y aquellos que se están formando para ser abogados tienen que ir empapándose de esta idea del servicio público que implica la abogacía. Por lo tanto, es fundamental que toda la sociedad se informe de este nuevo texto constitucional”, explicó Vargas.
Asimismo, Alfredo Arriagada, presidente del Centro de Alumnos de la carrera de Derecho, invitó a la comunidad estudiantil a ser parte de este proceso constituyente y a informarse, tomando en cuenta el bien común.
“Voy a manifestar mi gratitud y mi mejor ánimo respecto a esto, porque nos ayuda, como comunidad estudiantil y fuerza laboral para el futuro, poder informarnos respecto a lo que queremos para nuestro país en las próximas décadas. Estamos muy satisfechos con que se generen estos espacios de información. Esperamos que se alcance la mayoría o lo máximo posible para que la comunidad estudiantil logre votar lo más informado y que tenga una convicción concreta”, expresó el estudiante.
