La rectora de la Universidad de Tarapacá, Dra. Jenniffer Peralta Montecinos, expuso ante la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado sobre el rol estratégico que cumplen las universidades estatales emplazadas en los extremos del país y los efectos que las propuestas de reducción del presupuesto 2027 podrían generar en su quehacer académico, científico y de vinculación con el medio.
La sesión, presidida por el senador Enrique Lee Flores, estuvo centrada en el análisis de las necesidades presupuestarias de las universidades estatales de regiones extremas. También participaron autoridades universitarias de la Universidad de Magallanes, la Universidad Arturo Prat y la Universidad de Aysén.
Durante su intervención, la rectora destacó que una universidad estatal ubicada en una zona fronteriza constituye una infraestructura estratégica para el desarrollo y la presencia del Estado en el territorio. “Formamos profesionales y desarrollamos conocimiento desde el territorio, con servicios abiertos a la comunidad. El desafío no es crear capacidades desde cero, sino asegurar su permanencia y proyección”, afirmó.
En este contexto, relevó la contribución de la Universidad de Tarapacá a la generación de conocimiento sobre problemáticas propias de la región, como frontera, migraciones, disponibilidad de agua, desierto, salud y patrimonio, particularmente la cultura Chinchorro, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Asimismo, destacó el aporte institucional a la formación de profesionales que permanecen en la región y al sostenimiento de capacidades científicas, servicios y proyectos de alto valor público.
La máxima autoridad de la UTA también presentó antecedentes que reflejan el compromiso territorial y social de la institución: cuenta con seis años de acreditación en nivel de excelencia (2023-2029) y concentra entre el 96 % y el 97 % de su matrícula en estudiantes provenientes de la Región de Arica y Parinacota. A ello se suma que casi la mitad de quienes ingresan por admisión regular son estudiantes de primera generación universitaria, el 48,8 % declara pertenecer a un pueblo originario o tribal y el 72 % estudia con gratuidad.
Uno de los principales puntos de su exposición fue el impacto de las condiciones geográficas y de aislamiento en el funcionamiento de las universidades de zonas extremas. Al respecto, advirtió que estas instituciones enfrentan sobrecostos permanentes estimados entre un 20 % y un 25 %, asociados a factores logísticos, distancias, continuidad operacional y dificultades para atraer y retener capital humano avanzado.
En el caso de la Universidad de Tarapacá, la Dra. Jenniffer Peralta explicó que la institución debe financiar con recursos propios la asignación de zona extrema, equivalente al 56 % del sueldo base, lo que representa un costo cercano a los 6.000 millones de pesos anuales, sin contar con un mecanismo de compensación equivalente al que reciben otros servicios públicos.
En relación con el proyecto de presupuesto 2027, la rectora manifestó su preocupación por la reducción conjunta que afectaría al sistema de universidades estatales, estimada en cerca de 26.500 millones de pesos en instrumentos como el Aporte Fiscal Directo (AFD), el Aporte Institucional a Universidades Estatales (AIUE) y los planes de fortalecimiento. Asimismo, advirtió sobre la disminución del porcentaje de excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario cuyo uso está permitido, que pasaría del 45 % al 35 %.
Frente a este escenario, la Dra. Peralta presentó ante la comisión una serie de propuestas orientadas a asegurar la sostenibilidad y el desarrollo de las universidades estatales en territorios extremos. Entre ellas, planteó:
- Restituir el Fondo de Educación Superior Regional, con una reposición estimada en aproximadamente 10.500 millones de pesos.
- Incorporar una asignación por zona extrema que permita compensar los sobrecostos permanentes y verificables que enfrentan estas instituciones.
- Revisar los criterios de distribución del Aporte Institucional a Universidades Estatales (AIUE), incorporando explícitamente el aislamiento territorial.
- Resguardar instrumentos de acceso y permanencia en la educación superior, como el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE).
- Establecer compromisos de financiamiento plurianual para iniciativas de alto valor público en ámbitos como salud, ciencia, equipamiento y patrimonio.
La rectora Dra. Jenniffer Peralta enfatizó que el marco normativo vigente, particularmente los artículos 56 y 57 de la Ley de Universidades Estatales, reconoce las necesidades diferenciadas de las instituciones regionales. En este sentido, sostuvo que dicho reconocimiento debe traducirse en decisiones presupuestarias concretas que consideren las condiciones territoriales en las que estas universidades desarrollan sus funciones.
Al finalizar su presentación, la rectora solicitó a la comisión oficiar a los ministerios de Hacienda y Educación para promover indicaciones que permitan establecer un financiamiento basal diferenciado para las universidades de zonas extremas, junto con reponer los recursos de los fondos al nivel real de la Ley de Presupuestos 2026, debidamente ajustado. Asimismo, planteó la necesidad de permitir el uso del 100 % de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario.
Por su parte, el presidente de la comisión valoró la importancia del financiamiento de la educación superior para el desarrollo de los territorios extremos y anunció que las presentaciones realizadas serán remitidas a la ministra de Educación. Además, informó que se conformará una subcomisión de educación superior en zonas extremas, con el propósito de abordar estas materias de manera permanente.
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