Expertos de distintas partes de Iberoamérica se dieron cita en la Región de Tarapacá para dialogar sobre la realidad jurídica de los derechos indígenas en Latinoamérica, en el marco del IX Congreso Internacional de Derecho Indígena, evento que reunió a más de 400 asistentes.
La iniciativa generó un espacio de discusión multidisciplinar, en torno a la construcción de la identidad jurídica local, incorporando aportes de las comunidades locales y del mundo académico.
Este año, el congreso organizado por la Universidad de Tarapacá y Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), contó con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales, como el Dr. César Landa Arroyo, ex ministro de Relaciones Exteriores de Perú y ex presidente del Tribunal Constitucional de dicho país; la Dra. Caroline Cunill, investigadora de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Francia, y el Dr. Luis Miguel Glave, investigador del Colegio de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Además, de abogados nacionales de renombre como el Dr. Claudio Nash, de la Universidad de Chile, y el Dr. Manuel Núñez de la Universidad Católica de Valparaíso.
En su primera visita por Iquique, el Dr. César Landa, relevó la importancia del intercambio de opiniones, “de lo que constituye un valor compartido de toda la región andina de los pueblos originarios, que han sido la cuna de la civilización de nuestro continente. Estos saberes tienen trascendencia, porque tienen una relación de armonía entre la naturaleza y los seres humanos”.
PONENCIAS
El Dr. Manuel Núñez, quien integró la Primera Mesa sobre el debate constitucional con relación a los pueblos indígenas, invitó a los participantes a “continuar con esa reflexión, ya que es importante para el futuro político de nuestro país y para la realidad cotidiana de las comunidades que necesitan que la Constitución pueda mediar en el proceso de reconocimiento de derechos”.
Durante la Segunda Mesa sobre experiencias comunitarias, recursos naturales y extractivismo, el expositor Ariel León Bacian, asesor de comunidades Colla y de organizaciones Selknam, explicó que “los saberes compartidos son el futuro; hay un mutuo enriquecimiento entre la academia y las comunidades, y el mejor producto de este Congreso es el conocimiento, tanto jurídico como antropológico y comunitario, en pos de la defensa de los derechos de las comunidades, porque debe existir un respeto y equilibrio entre las comunidades, el Estado y las empresas”.
Uno de los académicos de la Universidad de Tarapacá que integró la Tercera Mesa acerca del derecho colonial y pueblos indígenas fue el Dr. Carlos Choque, de la comunidad aymara de Socoroma, quien habló sobre el acceso a la justicia durante aquel periodo colonial: “Tenemos la idea equivocada de que no existen derechos para la población indígena en aquella época, pero eso es falso porque, para la época, ya existe una legislación que se llama ‘Las Leyes de Indias’, que establecen el marco jurídico para los habitantes del ‘Nuevo Mundo’, como lo llamaban. Lo que implica que pueden demandar justicia del Rey, la protección de su majestad, como también pagar los tributos”.
EVENTO ACADÉMICO CONSOLIDADO EN EL TIEMPO
En tanto, el Dr. Álvaro Espinoza, académico e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá (UTA), y coordinador del evento, destacó la gran afluencia de público, estacando que “la actividad cumplió los objetivos propuestos, la convocatoria como cada año ha sido altísima y eso nos alegra, en cuanto nos permite trazar puentes significativos entre la academia y la comunidad. Son muchos los esfuerzos desplegados para concretar, durante diez años, una actividad de esta magnitud; y esperamos seguir”.
Por su parte, el Subdirector Nacional Iquique de Conadi, Juan Pablo Pérez, declaró que “estas instancias son relevantes para contribuir al análisis y debate en torno al derecho indígena”. Otro de los invitados fue el Delegado Presidencial de la Región de Tarapacá, Daniel Quinteros, quien precisó que, “en casi diez años, se ha ido configurando un acervo de conocimientos que nos permite mantener un diálogo mucho más fructífero con los pueblos originarios. Desde el Gobierno, hemos impulsado que la política indígena sea una política de Estado, concretando, por ejemplo, el traspaso de 14 mil hectáreas a la comunidad de Chusmiza-Usmagama, y seguiremos trabajando”.
CHUSMIZA-USMAGAMA
Uno de los momentos más significativos del encuentro, fue el reconocimiento a la comunidad aymara de Chusmiza-Usmagama, que, en agosto de este año, celebró un histórico acto de restitución de sus territorios ancestrales, siendo reconstruidas más de 14 mil hectáreas de propiedad fiscal. Fue en 2006, cuando solicitaron el reconocimiento de su propiedad ancestral sobre el derecho de las aguas del socavón de Chusmiza. Todo esto, en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), suscrito entre la comunidad y el Estado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2018.
