“Conozco completamente los alcances de la probidad en la administración pública y entiendo que un incumplimiento en estas materias es una de las causales de destitución y pérdida de la calidad de funcionario(a) público(a)”, versa el documento firmado por los altos cargos directivos de la institución en un compromiso con las normas que establece la legislación sobre los funcionarios del estado.
“Esto es un paso muy importante dentro de todas las gestiones que se hacen en materia de probidad. Es ir un paso más allá de las inhabilidades establecidas por ley y cumplir con el espíritu de ser un funcionario probo, y también en el ejercicio de las funciones del cargo”, destacó la contralora (s), Paulina Ortuño Fariña.
La probidad administrativa en Chile se fundamenta en principios esenciales establecidos por la legislación, que incluyen la rectitud, un desempeño honesto y leal de los funcionarios públicos, quienes deben actuar con transparencia y responsabilidad, garantizando el uso eficiente y justo de los recursos del Estado. Estos principios aseguran que todos los actos de la administración sean realizados en beneficio del interés público y libres de discriminación.
En ese sentido, el documento establece estándares de ética y probidad, como evitar situaciones que produzcan conflictos de interés, la obligación de informar a su superior jerárquico de estas circunstancias o inhabilitarse de intervenir.
La primera autoridad institucional en suscribir el documento fue el rector Dr. Emilio Rodríguez, seguido por los directivos y directivas de la administración central de la Universidad, cuyos cargos son de exclusiva confianza del rector, junto con otras autoridades propuestas y ratificadas por la Honorable Junta Directiva.
Asimismo, el documento fue extendido a decanos(as), directores(as) de Instituto, Departamento, Programas de Postgrado y Jefaturas de Carrera. Sin perjuicio de que el principio de probidad administrativa, y las normas que la regulan, se aplican de manera transversal a todos los funcionarios(as) de la Universidad, junto a quienes prestan servicios a honorarios.
En este contexto, la contralora (s) destacó la acreditación institucional por seis años como uno de los motivos del uso de este documento: “Luego de ser una universidad acreditada por seis años, esto nos obliga a nosotros a mirar nuestros procedimientos internos y buscar cómo mejorar aún más en materia de probidad”.
