En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada de la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre y el Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés firmó este viernes 02 de junio el proyecto de ley especial para fortalecer a las universidades del Estado, ratificando lo dicho en su reciente Cuenta Pública.
La iniciativa apunta a aumentar los estándares de calidad y gestión en las instituciones universitarias del Estado, que contribuyan al desarrollo social, cultural, artístico y científico del país a través de un marco jurídico e institucional que regule estas acciones.
Además, crea un Consejo Superior que estará encargado de las definiciones estratégicas y un Consejo Universitario que represente a los distintos estamentos de las instituciones y que asesore a cada uno de los rectores.
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Durante su discurso la Presidenta de la República explicó que el proyecto de ley busca terminar con una enorme contradicción, “una demanda creciente de responsabilidades y estándares sin acompañarla en un ajuste en el marco que crea las condiciones para su desarrollo”.
Asimismo, señaló que la propuesta ayudará a agilizar la gestión de las estatales siempre dentro de las normas de derecho público pero con menos burocracia.
Al mismo tiempo la mandataria recalcó que son las universidades estatales las que deben resguardar la pertinencia de la formación tanto respecto de las necesidades de nuestro territorio como de la necesidad de largo plazo que demanda el desarrollo nacional y señaló que esto “es un claro ejemplo de una misión que por definición los oferentes en un mercado no tienen el deber de cumplir, lo estatal abre puertas no las cierra, entendemos lo estatal desde la cooperación con los otros”.
Puntualizó que: “Son las universidades del Estado las llamadas a asegurar no solo la libertad de cátedra y de investigación sino también dar cabida a la diversidad, a la transparencia, a la participación, porque el mandato que ellas tienen es que nadie quede excluido”.
En tanto, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó que con la ley se busca además de facilitar los procesos burocráticos al interior de las universidades del Estado, generar un espacio de cooperación entre ellas, superando ya el paradigma de la competencia.
“Este fortalecimiento de las universidades estatales podría haber sido un programa, pero quisimos que fuera una ley que estableciera y que también disminuyera muchos pesos administrativos, burocráticos que las universidades tenían para poder actuar en el mundo de las universidades. Y lo que más queremos favorecer, además es la cooperación, ya no se trata de competir una universidad con otra, sino cooperar entre las estatales, pero también entre las estatales, las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), y las privadas que también se sumen a las tareas que se puedan asumir”.
Por su parte, para el Rector de la Universidad de Chile y presidente del CueCh, Ennio Vivaldi, quien ha seguido muy de cerca este paso legislativo desde Estados Unidos, donde se encuentra en un viaje académico, valoró positivamente este paso expresando que: “El Estado no puede desentenderse de su rol en este ámbito crucial para el futuro del país”.
“Nos parece afortunado que esta nueva ley sobre universidades estatales se discuta simultáneamente con la ley general de universidades. Esto permitirá realzar el carácter armónico del conjunto de la Educación Superior chilena”, dijo también el Rector, declarando “nuestra voluntad de contribuir con todas nuestras fuerzas a un debate nacional que habrá de hacerse con altura, generosidad y compromiso”, indicó Vivaldi.
TRANSPARENCIA Y REGULACIÓN PARA TODO EL SISTEMA
Al término de la ceremonia el Presidente (S) de las Universidades Estales y Rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Loyola, enfatizó la importancia de que exista coherencia entre esta ley y la de la Reforma a la Educación Superior que se discute hoy, señalando que la transparencia y rendición de cuentas debe ser para todas las instituciones de Educación Superior que reciban recursos públicos.
“Sería absurdo que tuviéramos una Superintendencia que pudiera aumentar los controles solamente sobre las universidades del Estado, que se superponga al control que ya ejerce la Contraloría General de la República. Creemos que el sistema completo debiera rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos fiscales que recibe por gratuidad y en general por becas y hasta por CAE. Por una razón muy simple, las universidades estatales son las únicas que tienen transparencia y regulación, incluso a costos importantes y esto es una garantía de fe pública que debieran cumplir todas las instituciones que reciben recursos públicos”, señaló.
El Rector Loyola, hizo también un llamado a los parlamentarios a construir y enriquecer esta ley y que se haga efectivamente durante este periodo. “Las universidades del Estado estamos distribuidas en todo el territorio del país por lo que creo que es responsabilidad de los parlamentarios de todas las regiones porque esto va a favorecer a la educación superior regional”,
Si bien esta normativa presentada el viernes por la primera mandataria del país era parte del proyecto sobre educación, que actualmente se tramita en el Congreso, el Ejecutivo tomó la determinación de separarlo de la normativa original y enviarlo aparte para facilitar su tramitación legislativa.
