Conocer, comprender y analizar desde una mirada crítica el derecho indígena chileno aplicado en la última década, utilizando como punto de referencia diversos tratados e instrumentos internacionales, es lo que realizaron en un proyecto de investigación para estudiantes de pregrado cuatro alumnos de la sede Iquique de la carrera de Derecho, liderados por Claudio Aguirre, académico de la Facultad de Educación y Humanidades.
Investigar sobre el caso emblemático de Gabriela Blas, sucedido en el altiplano de la Región de Arica y Parinacota, como ejemplo para el tema «Análisis del Derecho Indígena nacional en el siglo XXI; una mirada desde la perspectiva del Derecho Internacional», fue lo que motivó a Germán Bernazar, Natalia Ramírez, Scott Olate y Natalia Lantaño, alumnos de Derecho, a visualizar una forma de romper el paradigma cómo se enseña el derecho tradicionalmente.
El caso sobre el que trabajaron parte en julio de 2007, cuando Gabriela Blas cuidaba camélidos en el altiplano y se le perdieron dos animales. Dejó sólo a su hijo Eloy de tres años para ir a buscarlos. Cuando volvió el niño no estaba, su cuerpo apareció en diciembre de 2008 a 18 kilómetros del lugar donde lo dejó. La mujer dio aviso a la policía, pero fue detenida y responsabilizada por la muerte. Es el tema con el que trabajaron en una investigación que les permitió reconocer que hay un conflicto entre el estado chileno y el sujeto indígena, y abrir una pregunta si existe una alternativa a esto, por qué hay un solo derecho que está llevando estas causas y qué alternativas existen.
Pusieron especial atención a indagar el convenio 169 de la OIT, ratificado y aplicado por el Estado Chileno, y las herramientas que éste entrega a los pueblos originarios, apuntando a la comprensión de las particularidades del derecho nacional sobre el tratamiento y reconocimiento jurídico que da a los pueblos originarios, contrastándolo con los principios, tratados y convenios que da el derecho internacional sobre esta materia.
Concluyeron que pueden converger dos derechos dentro de un mismo estado, una misma nación y sin que esto signifique una pérdida de soberanía para el estado occidental y tampoco que exista un conflicto o una separación, sino que los pueblos tienen derecho a autorregularse, a su propia autonomía. Por otro lado, afirman que efectivamente se vulneran en forma sistemática las garantías constitucionales y del debido proceso en un caso como el de Gabriela Blas.
Para entender mejor el tema, los alumnos estudiaron distintos conflictos jurídicos que han tenido los pueblos originarios de la región, con el fin de generar material de referencia para futuras investigaciones, que pueda aportar a la conciliación entre la cultura, costumbres y autodeterminación de los pueblos originarios y las actuales concepciones jurídicas, con el fin de convertir a la universidad en un líder de opinión académica.
En el caso de Gabriela, que no es una comunidad indígena sino un sujeto indígena que no comete un delito a raíz de una protesta social o de una reivindicación de tierras, sino comete un delito por el simple hecho de estar pastando las llamas con su hijo; todo el aparato jurídico estatal cae sobre sus hombros, ahí surge la necesidad de investigar y buscar responsabilidades y una solución. Abrir un campo de estudio que no se enseña en derecho, pues se enseña el paradigma que existe una norma estatal y sobre ella está todo el ordenamiento jurídico, aquí es donde los futuros abogados de la UTA plantean que creen que debe existir una alternativa para que no se cometan estas injusticias.