Este miércoles 5 de octubre, la Comisión Especial de Zonas Extremas del Senado, recibió en audiencia a los rectores de las universidades estatales ubicadas en zonas extremas y a representantes de las dirigentes de las Asociación Nacional de Trabajadores de Universidades del Estado de estas instituciones, quienes abordaron la situación presupuestaria en relación a materias como el incremento de los recursos que anualmente asigna la Ley de Presupuestos del Sector Público a las universidades Arturo Prat, Tarapacá y Magallanes, para el pago de la bonificación de zonas extremas y aplicación del mismo porcentaje de sueldo base, que se utiliza para el pago de asignación de zona para los empleados públicos de regiones extremas y que, en el caso de los funcionarios universitarios es de cargo de las respectivas universidades.
En la ocasión, estuvieron presentes los rectores y rectora, de la Universidad de Tarapacá, Dr. Emilio Rodríguez; de la Universidad Arturo Prat, Alberto Martínez; de la Universidad de Magallanes, Dr. José Maripani y su vicerrector de Administración y Finanzas, Fredy Cabezas; de la Universidad de Aysén, Dra. Natacha Pino; la asesora jurídica del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Stephanie Donoso; por parte de la Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales (ANTUE), asistieron por la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Tarapacá, su presidenta Hilda Silva y el tesorero, Richard Vargas, y por la Asociación de Funcionarios de la Universidad Arturo Prat, Patricia Lara.
De parte de la Comisión de Zonas Extremas del Senado, participaron su presidente, Alejandro Kusanovic, los senadores Karim Bianchi, Francisco Chahuán, José Miguel Durana, José Miguel Insulza, Carlos Kuschel, David Sandoval, Jorge Soria y la senadora Ximena Órdenes.
Durante el encuentro, las dirigentes de las Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales, junto a los rectores de las universidades de zonas extremas, hicieron presente los costos económicos que enfrentan estas casas de estudios superiores y las situaciones de desmejora que se generan por la asignación de zona y el bono de zonas extremas.
En su intervención, en Rector de la Universidad de Tarapacá, Dr. Emilio Rodríguez Ponce, relató que “las zonas extremas tienen condiciones sociodemográficas que generan una serie de desventajas competitivas que son realmente muy importantes y en el sistema de educación superior, que es un sistema donde los grados de competencia son elevados, tenemos que asumir además una serie de rigideces y costos excepcionales que dicen relación con que los funcionarios de nuestras universidades, son funcionarios públicos y merecen el mismo trato que el resto de los trabajadores públicos, lo que no sería equitativo, porque tendríamos dos calidades de empleados diferentes”.
Agregó que “en este contexto, hay dos aspectos que son fundamentales, uno que dice relación con el Bono de Zonas Extremas, que se paga a los funcionarios públicos pero que en el caso de las instituciones universitarias, se da un monto que se distribuye por el número de trabajadores, lo que ha significado, por ejemplo en la U. de Tarapacá, que los funcionarios están recibiendo hoy en día aproximadamente un 20% menos que hace un par de años atrás, porque nuestra planilla ha aumentado ese porcentaje. Las universidades crecen y como el monto es el mismo, les toca una menor cantidad de recursos”.
El Rector Rodríguez Ponce, se refirió además al gasto de Asignación de Zona que asume la Universidad de Tarapacá, “nuestros funcionarios públicos y principalmente el caso de la UTA, perciben un 56% de Asignación de Zona, por estar en una región extrema, como todos los funcionarios públicos de la región, pero con una diferencia, que esto es pagado con fondos centrales y en el otro caso, con el patrimonio de la Universidad. En ese marco, nosotros el año pasado y de nuestros recursos, pagamos 4 mil 448 millones de pesos y este año, se estima que vamos a llegar a 5 mil 124 millones de pesos. Hemos planteado que esta es una cantidad de recursos muy grande y en este sentido, pudiéramos avanzar en generar estas cantidades en el presupuesto de la nación a través de un número de años, porque si no es la Universidad la que está financiando estos recursos y si no pudiera pagar esto, tendríamos funcionarios de primera y segunda categoría”.
“Creemos que es fundamental que los funcionarios públicos de las zonas extremas, sean reconocidos en su calidad y que en este caso concreto, tiene dos expresiones muy claras: primero, que el monto que se cancele por el concepto de Bono de Zona Extrema, sea equivalente al de otros funcionarios que están en la región, y segundo, que no sean las universidades las que tengan que financiar con su patrimonio, la Asignación de Zona. Nuestra solicitud está en esa dirección y que pudiéramos visualizar en el presupuesto de la nación, la posibilidad de avanzar en tres o cuatro años, con una línea presupuestaria que se hiciera cargo de esta situación”, planteó en la audiencia el Rector de la Universidad de Tarapacá.
Antecedentes del encuentro
Cabe indicar que la asignación de zona, es pagada íntegramente por las universidades y en el caso de la UTA alcanzará a los $5 mil millones este año. Una cifra muy alta y difícil de sostener por cualquier entidad, en un escenario de estrechez financiera y presupuestaria como la que se prevé con el presupuesto 2023. La cuestión planteada por dirigentes y rectores es que los trabajadores de las universidades del Estado son funcionarios públicos y todos los funcionarios públicos tienen esta asignación garantizada. En el caso de las universidades, depende de la voluntad de las autoridades y de las posibilidades presupuestarias, ya que los montos se financian con el patrimonio institucional. Por lo mismo se pide al Senado que se genere una glosa o línea presupuestaria que garantice que, de forma gradual, el Estado financie esta partida, liberando a las universidades de estos altos costos para asumir otros desafíos estratégicos y poder enfrentar de mejor modo, presupuestos que no crecerán en los ingresos, de acuerdo a los niveles reales del alza en el costo de la vida.
Del mismo modo, el Bono de Zonas Extremas, disminuye cada vez más para los trabajadores, debido a que se ha aumentado significativamente el número de contratas en las universidades y como el monto que se otorga es fijo, la división por un mayor número de personas hace que a cada uno le corresponda menos que en el pasado. Por lo mismo, la dirigencia, apoyada por todos los rectores, solicita que este sea un monto individual garantizado por el Estado, como lo es para todos los trabajadores del Estado.
Al finalizar el encuentro, la dirigencia y rectores quedaron muy satisfechos con el trabajo realizado, que se extendió en un diálogo con diputados, quienes también realizarán sus mejores esfuerzos para encontrar soluciones a este problema de equidad. La fundamentación en la mayoría de las presentaciones realizadas aludió a que todos los funcionarios públicos deberían tener el mismo trato, garantizado por el Estado y no depender de las vicisitudes que enfrentan las universidades. Esto es más grave aún en zonas extremas, en las cuales las dificultades para funcionar y competir con el resto de las universidades del país son muy altas.
