Conciente del alto deterioro económico y financiero que provocan las tomas y paros en las Universidades del Estado, en el marco de la movilización estudiantil nacional, el Consejo de Rectores se reunió en forma oficial con los dirigentes de la Confech, con el fin de manifestarles su preocupación y fundamentar las razones de los desalojos y otras estrategias que se han llevado a cabo para reestablecer sus actividades académicas.
«Hicimos presente el desgaste, costo económico, financiero y de la sociología interna de las universidades que ha tenido el conflicto. Entre ellos, la migración de estudiantes, el no pago de aranceles, pérdida de proveedores y daños a la pequeña y mediana empresa que trabaja con las universidades», dijo el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas.
Desalojos
En relación al tema de los desalojos, Álvaro Rojas explicó que son una atribución de las autoridades universitarias, ya que son responsables por documentos e infraestructura pública de los planteles.
En tanto, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación inició el segundo semestre mientras que en la Universidad de La Serena se acordó bajar las tomas y retomar las actividades suspendidas desde mayo.
Además, los rectores recalcaron los daños a pequeñas empresas que trabajan con los planteles.
Adimark
Según la encuesta Adimark, once puntos ha caído en el último mes el respaldo ciudadano a la forma en que los estudiantes han llevado a cabo sus movilizaciones y manifestaciones.
El sondeo arrojó que sólo un 38% de la población comparte los métodos empleados por los estudiantes, en contraste con el 49% de apoyo que concitaba en septiembre.
Respecto de las demandas del movimiento estudiantil, un 67% dice estar de acuerdo con ellas y un 24% las rechaza. En un desglose, el respaldo a los estudiantes se concentra en el grupo etario de entre 18 y 24 años (86%).
Papel del Gobierno
La encuesta de Adimark también refleja que la opinión frente a cómo el Gobierno ha manejado el conflicto se mantiene estable: un 73% la desaprueba, el mismo nivel anotado en la medición de septiembre.
Según el sondeo, sólo un 21% de la población comparte la forma de cómo el Ejecutivo está encarando el conflicto. En septiempre pasado, ese nivel llegaba a un 22%.
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