La Agrupación de Universidades Regionales (AUR) se ha propu
esto sistematizar antecedentes y propuestas respecto al rol de las universidades regionales en ciencia y tecnología para canalizarlas hacia el Ejecutivo y Representantes del Parlamento. Tema de creciente relevancia por la nueva institucionalidad de la I+D+i que se está discutiendo en el país.
Con este fin, directivos del área de investigación de las universidades de la AUR han participado en dos talleres; en el primero de ellos representantes de la Comisión Asesora Presidencial creada para estos fines presentaron los lineamientos generales del tema y en un segundo taller denominado “Ciencia y Tecnología, Rol de las Universidades Regionales”, efectuado el 15 de julio, se analizó con mayor detalle el tema.
PROPUESTA PRELIMINAR
Producto de lo anterior la AUR ha desarrollado un documento borrador donde se detallan algunos antecedentes y propuestas obtenidas con el fin de someterlo al análisis de las universidades regionales, mejorarlo y complementarlo con los aportes que surjan de la comunidad universitaria. El documento se estructura en los siguientes ámbitos:
- Institucionalidad Nacional
- Institucionalidad Operativa, Local y Normativa
- Políticas e Instrumentos
- Criterios de Calidad y Acreditación
- Recursos y Financiamiento
A continuación se transcriben cada una de estas propuestas, con el fin de difundirlas a nuestra comunidad universitaria y hacerlos partícipes de la discusión.
INSTITUCIONALIDAD NACIONAL
En el ámbito de la “institucionalidad nacional” el documento borrador de la AUR propone para sugerencias y/o aportes lo siguiente:
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“La institucionalidad debe considerar que las definiciones estratégicas recaigan en un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en cuya gobernanza, el 60% de sus integrantes sean representantes de las 14 regiones, excluido Santiago, por el aporte proporcional que hacen a la población nacional, a la economía, a la riqueza social y cultural, como también el trabajo en CTI que desarrollan las universidades con sede regional”.
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“La participación de las regiones, como lo muestra la experiencia de la OCDE, es una condición de orden estructural que permite enriquecer y hacer más representativos los espacios estratégicos y políticos de toma de decisiones del sistema nacional y regional de CTI”.
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“La participación regional debe recaer principalmente en las universidades de sus respectivos territorios, que sean parte del sistema público de financiamiento, entendiendo que son ellas las que han desarrollado la formación de capital humano calificado, creación de conocimiento y de transferencia a su entorno. Por consiguiente, las universidades tienen que estar representadas en las instancias de decisión donde se crea la política y definen los instrumentos respectivos”.
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“Tal Consejo Nacional debe ser la instancia que defina la política de Ciencia, Tecnología e Innovación, la que debe establecer lineamientos y objetivos de largo plazo, cautelar la sustentabilidad presupuestaria de ella y, entre otras acciones, asegurar una adecuada articulación con políticas, como la de Educación Superior, Cultura, Desarrollo Social, Recursos Naturales, Migración, entre otras”.
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“Para asegurar la estabilidad de las políticas en C&TI, el Consejo indicado debe renovarse en forma periódica y por parcialidades –para no experimentar cambios bruscos en sus definiciones- y en periodos distintos a los presidenciales, de manera de evitar la subordinación a las cambiantes dinámicas electorales”.
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“La institucionalidad debe incorporar necesariamente a CONICYT y CORFO, tanto por la innegable convergencia o superposición de iniciativas temáticas, también para darle suficiente validación a la nueva entidad y, finalmente, para superar la duplicidad de iniciativas y la fragmentación institucional, de recursos y responsabilidad política que hoy existe”.
INSTITUCIONALIDAD OPERATIVA, LOCAL Y NORMATIVA
En el ámbito de la “institucionalidad operativa, local y normativa” el documento borrador de la AUR propone para sugerencias y/o aportes lo siguiente:
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“La Política nacional debe considerar una correspondiente mirada regional. A su vez en cada región debe formularse, de manera participativa, la política de ciencia, tecnología e innovación pertinente a las necesidades de sus comunidades y territorios”.
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“La política debe considerar la experiencia negativa de los Centros Científicos Regionales. Estos, por decisión o imposición centralista, fueron creados por las universidades y que luego adquirieron autonomía, llevándose en muchos casos a los mejores investigadores y debilitando las otras actividades de las universidades”.
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“Lo anterior no desconoce la existencia de experiencias interesantes como la del Centro de Estudios Científicos (CEC) de Valdivia que tiene una buena coordinación con la UACH. Sin embargo, el CEC no actúa como una institución local, pues se moviliza a nivel internacional”.
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“Entre los déficits institucionales a subsanar están los Comité de Ética, sin presencia en regiones o no acreditados, siendo válidos sólo los que operan en Santiago. Esta situación dificulta la aprobación de proyectos de regiones”.
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“Entre otras, se debe ajustar las normativas de las Universidades Estatales en relación a sus responsabilidades administrativas. Ellas, como instituciones públicas, ven dificultada una operación más fluida en la ejecución técnica y financiera de los proyectos de CTI. Esto se debe alinear con la Superintendencia de EDUSUP y considerar sistemas menos burocráticos que garanticen la transparencia y buena utilización de los recursos en los programas y proyectos nacionales y regionales en CTI”.
POLÍTICAS E INSTRUMENTOS
En el ámbito de “políticas e instrumentos” el documento borrador de la AUR propone para sugerencias y/o aportes lo siguiente:
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“La política nacional de C&TI debe reconocer la diversidad sociocultural y las vocaciones productivas de los territorios. En tal sentido, se debe promover la especialización de las universidades en C&TI en aquellos temas de mayor relevancia en sus territorios. Integración, complementariedad, colaboración y especialización deben ser verbos que se conjuguen en políticas de estado”.
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“Las políticas y financiamientos deben focalizarse en evitar grandes brechas. El 46% de los programas de doctorados están en regiones, sin embargo, 60% de los recursos para becas quedan en Santiago. En consecuencia, en las regiones se acrecientan las dificultades para incrementar la masa crítica en C&TI. Por lo anterior, debe existir una relación proporcional para el fomento de programas de posgrado en las instituciones regionales, como también las becas nacionales orientadas a el magíster y doctorados. A su vez, se debe coadyuvar en la promoción de estos programas a nivel nacional e internacional considerando para algunos casos becas en el exterior”.
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“Se requiere como política de CTI desarrollar instrumentos asociativos entre instituciones regionales y otros para la ejecución de proyectos. Los cuales deben estimular la creación de investigaciones en ciencia básica y aplicada, que estimule la participación del sector privado y público”.
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“Los sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación deben estar basados en el desarrollo de los subsistemas regionales en ciencias básicas”.
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“Los indicadores estandarizados generan distorsiones en los spin off, patentamiento, etc. En la actualidad se observan casos en que el patentamiento es un objetivo en sí, aunque no tenga resultados reales de comercialización nacional o internacional”.
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“Otro desafío es abordar las brechas en el ámbito de las buenas prácticas. Para esto es fundamental impulsar un esfuerzo colaborativo interuniversitario; sin embargo, se sugiere tomar resguardos en alianzas con universidades metropolitanas, pues no se da una equilibrada distribución de costos/beneficios”.
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“La C&T debe considerar una política explícita de retención y atracción de capital humano avanzado para las instituciones regionales”.
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“El desarrollo de la CTI regional requiere generar condiciones de base en las instituciones regionales, desde la planificación (estrategias y políticas CTI), recursos humanos calificados, recursos presupuestarios, instrumentos, sistemas de evaluación, evaluadores y un adecuado seguimiento y control de las iniciativas. Esto implica la plataforma de un sistema regional de CTI estable donde las instituciones de ejecución puedan desarrollar programas y proyectos con orientaciones de mediano y largo plazo en materias de interés regional”.
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“Se necesita que las estrategias y políticas de la nueva institucionalidad para la CTI se relacionen con las propuestas que se discuten para las instituciones de educación superior, tales como: calidad, agencia de calidad, superintendencia, cualificaciones, subsecretaria de educación superior, rol de las universidades en la descentralización, entre otras”.
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“Se requiere de la valoración cualitativa y cuantitativa a través de los indicadores de procesos y resultados de las actividades en CTI que desarrollan las universidades regionales en sus territorios, y su consideración en las evaluaciones de la institucionalidad pública central (actualmente Agencia de Calidad, CONICYT, DIVESUP, CORFO) para una adecuada cualificación del nivel de impacto”.
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“Debe establecerse un programa especial de re inserción regional de beneficiarios Becas Chile. Eso implica presupuesto nuevo, espacio institucional para incorporar nuevos investigadores, abrirse a nuevos temas de C&T. Lo anterior, con el fin de cubrir brechas de capital humano avanzado en las instituciones regionales que cultivan la CTI”.
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“Una amenaza evidente es el proceso de jubilación masiva que experimentarán las IES regionales. Se debe considerar experiencias, como la UACH, que en el año 2005 tomó la decisión de jubilar a un conjunto de académicos con más de 65 años, otorgando 2 años como máximo de prolongación de sus contratos. Esto implica generar incentivos al retiro. A lo anterior, se suma una política atractiva de incentivo regional para la contratación de investigadores nóveles”.
CRITERIOS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
En el ámbito de “criterios de calidad y acreditación” el documento borrador de la AUR propone para sugerencias y/o aportes lo siguiente:
- “Los criterios de acreditación deben definirse y aplicarse sin discriminaciones negativas, pues en algunos casos podrían afectar a universidades con énfasis docente pero que transitan hacia otras categorías más complejas, como es el caso de la UDA, entre otros”.
- “Debe explicitarse un marco nacional de calificación y acreditación, que considere indicadores regionales que definan criterios lógicos y contextualizados de calidad, equidad y pertinencia. Un marco definido en Santiago, con su realidad específica, no lo es en otras regiones cuyos contextos son muy distintos”.
- “Este marco nacional debe estimular el trabajo en C&T con y en los territorios respectivos. Por un lado, asignar mayor puntajes a proyectos que se hacen en la zona o región sede en que se encuentran las instituciones investigadoras. Y, también, se debe valorizar la pertinencia de estas actividades con los problemas, necesidades y desafíos de orden regional”.
- “Es necesario hacer una revisión de la normativa que regula los criterios e instrumentos respectivos. Principalmente aquellos vinculados con la gestión de proyectos concursables”.
- Para lo anterior debe hacerse una revisión conjunta, entre autoridades de Gobierno y CRUCH, destinada a desburocratizar y establecer condiciones que faciliten el accionar de las universidades en la gestión de procesos y procedimientos afines.
RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
En el ámbito de “recursos y financiamiento” el documento borrador de la AUR propone para sugerencias y/o aportes lo siguiente:
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“Debe asegurarse el compromiso de elevar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) a C&T, cuyos actuales volúmenes nominales y porcentuales (0.4% del PIB) hacen insostenible los objetivos del desarrollo nacional”.
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“La asignación de recursos de C&TI debe tener un criterio preferencial de distribución regional que revierta la injusta distribución histórica que los ha concentrado mayoritariamente en la capital”.
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“La asignación de recursos entre regiones debe considerar varios criterios relevantes como los costos de vida, transporte, arriendo y otros, los cuales se incrementan fuertemente en las regiones extremas del país”.
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“La destinación de los recursos debe considerar un subsidio a la oferta y otros orientados hacia la concursabilidad. Como lo sugiere la OCDE, para países con realidades territoriales parecidas a Chile, los criterios de excelencia, ya difíciles de precisar, deben compatibilizarse con otros de ‘compensación regional’”.
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“Los subsidios a la oferta deben considerar el principio de equidad, principalmente con las instituciones regionales con menor desarrollo en CTI y que han diseñado planes de desarrollo estratégicos para convertirse en el futuro en instituciones complejas. Lo anterior, debe traducirse en lineamientos conjuntos para construir iniciativas colaborativas y de concursabilidad subnacional y nacional”.
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“Debe revisarse la normativa de donaciones a universidades. Esta debería estimular que las empresas donen a las actividades de C&T realizadas en las regiones donde generan sus ingresos, por ejemplo: mineras, forestales, acuícolas, frutícolas y otras. Esto evitará que hayan “territorios de sacrificio” y “territorios ganadores”, decididos autónomamente por los donantes, con base en recursos públicos”.
SUGERENCIAS Y/O APORTES
Los comentarios sugerencias y/ aportes que se quieran realizar al tema planteado, favor enviarlas a la Dirección General de Investigación o al email: hdiaz@uta.cl, de manera de canalizarlas para hacerlas llegar a la AUR y se consideren en la redacción del documento definitivo que se está preparando respecto al rol de las universidades regionales en ciencia y tecnología.
Fuente: Newsletter Nº30 – Dirección General de Investigación