La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) publicó los resultados 2025 del Concurso de Fomento a la Vinculación Internacional para Instituciones de Investigación (FOVI) en el que la Universidad de Tarapacá (UTA) será la institución beneficiaria del proyecto “Cooperación transfronteriza en el ámbito de la seguridad: Red de estudios comparativos de Área e iniciativas para abordar el crimen organizado en el norte de Chile” con un financiamiento de $30.000.000.
La investigadora responsable y académica del Depto. de Ciencias Sociales-Iquique, Dra. Romina Ramos, destacó que esta adjudicación “posiciona a la UTA como un actor capaz de liderar una red científica internacional desde el norte del país. Y ese ‘desde el norte’ no es un detalle: es una convicción de que los análisis deben surgir del territorio que enfrenta cotidianamente los efectos de políticas de seguridad y de dinámicas de criminalidad transnacional. Esa perspectiva situada, que reconoce las particularidades históricas, sociales y geopolíticas de la macrozona norte, es fundamental para desarrollar conocimiento crítico y pertinente al territorio”.
Dentro del equipo del proyecto se encuentra como co-investigador el Dr. Cristian Ovando, también del Depto. de Ciencias Sociales-Iquique. Y como investigadores asociados: el Dr. Claudio González de la U. de Chile; la Dra. Lucía Dammert de la U. de Santiago de Chile (USACH); Dr. Claudio Fuentes de la U. Diego Portales (UDP) y el Dr. Gonzalo Álvarez, miembro del claustro del Doctorado en Ciencias Sociales de la UTA.
Asimismo, cuenta con la asociación de instituciones nacionales como el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la U. de Chile; la Escuela de Ciencia Política de la UDP; el Depto. de Estudios Políticos de la USACH. Y también asociaciones internacionales como Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga, España; la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia; la Pontificia Universidad Católica de Perú; el Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales (CCONFINES) de la Universidad de Villa María, Argentina; y School of Transborder Studies de la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos.
La formulación del proyecto se orientó a fortalecer capacidades investigativas y formativas en la macrozona norte de Chile mediante la creación de una red académica internacional especializada en cooperación transfronteriza y gestión territorial de la seguridad. “Buscamos comprender fenómenos complejos, como el crimen organizado, la criminalidad fronteriza y las dinámicas transnacionales de movilidad y control, desde un enfoque comparado y situado en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, zonas críticas en términos de seguridad y gobernanza fronteriza”, detalló la Dra. Ramos.
La experta en criminología también apuntó que la propuesta se inscribe en la línea de investigación “Relaciones transfronterizas: procesos y actores emergentes” del Doctorado en Ciencias Sociales de la UTA-Sede Iquique: “Lo que permitirá contribuir al posicionamiento internacional de esta unidad académica y a la construcción de conocimiento situado desde una región históricamente periférica, pero geopolíticamente estratégica”.
En esta línea, la adjudicación contempla recursos para movilidad académica y estudiantil, lo que permitirá fortalecer la formación de capacidades locales, especialmente de estudiantes de postgrado que podrán vincularse tempranamente a redes transfronterizas de investigación, y la formación de semilleros que aseguran la continuidad de esta línea de trabajo más allá del horizonte del proyecto.
La académica también detalló que “diversas investigaciones han constatado un aumento sostenido de delitos asociados al crimen organizado en la frontera norte, incluyendo extorsiones, tráfico de drogas, robo violento de vehículos y nuevas modalidades delictivas emergentes. Este fenómeno, acompañado del refuerzo policial-militar y de nuevas normativas de control fronterizo, ha evidenciado los límites de un enfoque centrado exclusivamente en el Estado nacional para abordar problemas que son, en esencia, transnacionales”.
Es en este escenario que el proyecto busca aportar en tres ámbitos: En primer lugar, caracterizar cómo operan las redes criminales en la tri-frontera y cómo se articulan las respuestas institucionales, incorporando las perspectivas y demandas de comunidades indígenas que históricamente viven y transitan a través de estas fronteras; en segundo lugar, la revisión de literatura y experiencia comparada que muestra que estos problemas de complejidad requieren respuestas coordinadas entre regiones y países, “no solo entre cancillerías”, en palabras de Ramos, ya que “la cooperación transfronteriza analiza justamente la colaboración entre autoridades subnacionales, actores no estatales y comunidades locales, una dimensión subexplorada en Chile”.
Y, en tercer lugar, desarrollar capacidades investigativas y de transferencia tecnológica. La red se orienta a producir conocimiento útil para la formulación de políticas públicas, fortaleciendo la interacción entre academia, gobiernos regionales, municipios, sistema de justicia y organizaciones sociales, lo que se traduce en talleres bilaterales, seminarios, estancias de investigación y producción científica conjunta.
Finalmente, “este financiamiento permite articular y dar forma institucional a relaciones de colaboración que venimos construyendo desde hace varios años con diversas universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos. La red recoge vínculos previos y los organiza en un esquema de cooperación sistemático y sostenible, que podremos proyectar hacia futuros proyectos de mayor escala”, concluyó Romina Ramos.
